La construcción del Estado Liberal resumen y tema
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La construcción del Estado Liberal resumen y tema
La construcción del Estado Liberal
1. El desmantelamiento del Antiguo Régimen: los cambios jurídico-políticos y la reforma agraria liberal. La industrialización y los cambios sociales.
Tras la muerte de Fernando VII, asumieron la regencia su esposa Mª Cristina y, posteriormente, el general progresista Espartero. Durante este período se produjo el paso del absolutismo al sistema liberal.
El proceso estuvo jalonado de tensiones y dificultades como la guerra carlista entre los partidarios de Isabel y los del hermano de Fernando VII, el endeudamiento de la Hacienda y el fraude electoral.
Isabel, hija de Fernando VII, heredó la Corona a la edad de tres años. Su madre actuó como regente hasta 1840, haciendo concesiones ante los liberales, que eran sus partidarios y firmes opositores al tradicionalismo absolutista representado por Carlos María Isidro.
El primer gobierno de la regencia fue presidido por Francisco Cea Bermúdez, que realizó algunas reformas administrativas: una nueva división provincial llevada a cabo por Javier de Burgos. Algunas de las primeras medidas reflejaban la voluntad de cambiar las estructuras del Antiguo Régimen, entre ellas, se disolvió la jurisdicción gremial. El objetivo de los liberales era limitar el poder de la Iglesia.
En 1834 se proclamó el Estatuto Real, una carta otorgada que establecía un Parlamento bicameral, el primero formado por miembros designados por la reina con carácter vitalicio; y, el segundo, se elegía por sufragio censitario. El poder legislativo quedaba en manos de la Corona y las Cortes sólo tenían un carácter consultivo.
Álvarez Méndez “Mendizábal”, inició reformas importantes: organizó la milicia nacional, creó las Diputaciones Provinciales, suprimió la Mesta y desamortizó los bienes eclesiásticos. El objetivo de la desamortización era iniciar una reforma agraria y crear una capa social de nuevos propietarios que apoyaran la revolución liberal; mientras, las tierras fueron subastadas públicamente.
Este intento no consiguió los objetivos previstos. La regente, que creía que las reformas estaban yendo demasiado lejos, sustituyó el gobierno de Mendizábal por otro más moderado.
La sublevación de un grupo de sargentos que se presentaron en el Palacio de La Granja, obligó a la reina a restablecer la Constitución de 1812. Los progresistas elaboraron la Constitución de 1837, que recuperaba la monarquía constitucional y establecía la soberanía compartida del rey y las Cortes.
La persistencia de las sublevaciones populares llevó en 1840 a la reina gobernadora a buscar la solución en un general prestigioso y progresista, Baldomero Espartero. Era un militar muy popular, pero fue perdiendo apoyos casi de inmediato: los progresistas criticaron su forma militar de gobernar, los moderados le negaron su apoyo.
Su política librecambista le hizo ganarse la oposición de la burguesía industrial catalana. El bombardeo y la dura represión ordenados por Espartero contra Barcelona después del levantamiento, aumentaron su descrédito. La conspiración llevó a un militar moderado, Ramón María de Narváez, al gobierno.
Ya en 1843, a los trece años, Isabel II fue proclamada reina. Su reinado estuvo marcado por agitaciones sociales, escándalos e inestabilidad de los sucesivos gobiernos. Las tensiones entre moderados y progresistas no pudieron evitar el afianzamiento del sistema burgués en el país y la consolidación de una nueva estructura del Estado.
Los cambios que introdujo la revolución liberal provocaron el desmantelamiento de los privilegios e instrumentos jurídicos del Antiguo Régimen, dando como resultado la formación de una economía de mercado libre. Los liberales promovieron la reforma agraria liberal, cuyo objetivo era permitir el libre desarrollo de la propiedad privada; tenía como principales medidas: la desamortización eclesiástica y municipal, la abolición del régimen señorial, la desvinculación, la supresión del diezmo, y la regulación de los derechos de producción y distribución.
La desamortización es la nacionalización por parte del Estado Liberal de las propiedades rústicas y urbanas en poder de la Iglesia y de los ayuntamientos, en pública subasta. En primer lugar, se produjo la de Mendizábal y, después, tuvo lugar la de Pascual Madoz. Principalmente, pretendía remediar el déficit de Hacienda, asentar una propiedad individual y libre, obtener fondos para la guerra carlista y fortalecer las bases sociales ampliando el número de propietarios; pero, tuvo como consecuencias la transferencia de esas propiedades a otras manos particulares, aumentó el número de propietarios agrarios y el déficit hacendístico se redujo.
La desvinculación suponía eliminar las figuras jurídicas, como el mayorazgo, que impedían la libre disposición de la propiedad y su confiscación en caso de deudas (no implicaban la expropiación).
La disolución del régimen señorial fue una de las medidas más conflictivas del Estado Liberal: se suprimieron los señoríos jurisdiccionales, mientras que los señoríos territoriales pasaron a ser propiedad privada. El conflicto radicó a la hora de distinguir si el señorío era de un tipo o de otro.
La revolución industrial en España se inició en fecha bastante temprana, cerca de 1830. Pero, su avance fue muy lento, debido a la mala articulación del mercado como consecuencia de las inadecuadas infraestructuras de transporte. Por otro lado, la inversión de capitales se destinaba a pequeñas industrias y a pequeños establecimientos de banca, cuyos créditos no solían ser invertidos en la industria. En cuanto al capital extranjero, se destinó a la construcción del ferrocarril, en su mayor parte.
Los cambios que experimentó la economía a lo largo del siglo XIX transformaron profundamente la sociedad del Antiguo Régimen. Encontramos un porcentaje más elevado de población agraria que de población industrial. Así, los pequeños propietarios practicaban una agricultura de autoabastecimiento; los arrendatarios y aparceros contaban con pequeños lotes de tierra y estaban en peor situación que los pequeños propietarios; por último, los jornaleros y braceros tenían salarios bajísimos y durísimas condiciones de trabajo.
Respecto al proletariado industrial, era más escaso y contaba con poco peso en la economía española, en los inicios del desarrollo industrial español.
2. El funcionamiento del sistema. Corona, Parlamento y partidos políticos durante el reinado de Isabel II.
El funcionamiento del sistema político liberal se regía por una Constitución. Se basaba en la doble representación (Corona y Nación), añadiendo un tercer actor, el Gobierno elegido por la Corona. La Corona es determinante frente al Parlamento: la reina concede al jefe de gobierno disolver el Parlamento y convocar elecciones.
El resultado de las elecciones se determinaba de antemano: el Jefe de Gobierno, a través del gobernador civil y los alcaldes, seleccionaba a los electores. Así, se manipulaba la “opinión popular” y se marginaba al partido progresista.
El general Narváez fue la principal figura política de la primera década del reinado de Isabel II. Estableció un régimen autoritario que proporcionó estabilidad. Estamos ante la conocida como Década Moderada (1844-1854).
La Constitución de 1845 recogía ideas liberales moderadas: suprimió la soberanía nacional, redujo la participación electoral, limitó la libertad de expresión y reunión. Además, las Cortes sólo podían ser convocadas por el monarca.
Se iniciaron reformas trascendentales y la reorganización administrativa del Estado Liberal:
- La organización territorial del Estado: se dotó a las provincias de entidad política (gobernador civil), siendo los alcaldes designados por el rey.
- La reorganización de la instrucción pública: se obligó a la Iglesia a dejar el control de la enseñanza, se distinguió entre escuelas primarias y secundarias.
- Intentos de independizar la administración de la política: se fijó el concurso de méritos para acceder a ella.
- La reforma fiscal: pretendía sanear la maltrecha Hacienda del Estado, se crean nuevos impuestos y un plan para asegurar su cobro. Se establecen dos tipos de impuestos: indirectos (gravan el consumo de algunos artículos) y directos (gravan la renta o el patrimonio).
- Nuevo Código Penal y creación de la Guardia Civil.
Los moderados se esforzaron en solucionar el desacuerdo con la Iglesia creado por la desamortización. Las relaciones quedaron restablecidas en el Concordato de 1851.
Ya con el Bienio Progresista (1854-1856), la situación económica de crisis en los últimos años del gobierno moderado alentó el clima de tensión social. Bravo Murillo gobernó aún con mayor dureza, por lo que la oposición se radicalizó.
Los progresistas utilizaron nuevamente el pronunciamiento militar como vía para acceder al poder: Dulce, O’Donnell y Ros Olano en Vicálvaro (Vicalvarada). Los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares, que recogía algunas de las propuestas de los progresistas. Los levantamientos populares forzaron a la reina a recurrir a Espartero, quien compartió el poder con O’Donnell.
Entre las primeras medidas de este gobierno destacó la Constitución de 1837 y el inicio de la redacción de una más progresista, la Constitución de 1856, que no llegó a entrar en vigencia. Ésta última proclamaba la soberanía nacional y ampliaba los derechos individuales.
Por otro lado, se aprobó una nueva ley municipal e ampliaba el censo de electores y acababa con la intervención del gobierno en la designación de alcaldes. Se impulsó, también, una nueva ley de desamortización impulsada por Pascual Madoz, que ponía a la venta el doble de bienes que la anterior: se nacionalizaron las propiedades eclesiásticas y se vendieron bienes de uso y propiedad común. Su última reforma se centró en una nueva ley de ferrocarriles para desarrollar una red de vías férreas adecuada.
Entre 1856-1858 se produjo una vuelta al poder de los moderados. O’Donnell abolió la milicia nacional y volvió a proclamar la Constitución de 1854; sus años de gobierno junto con la Unión Liberal tuvieron como finalidad garantizar las libertades y el orden público. Supusieron una etapa de mayor estabilidad política y de un cierto crecimiento económico.
3. El nuevo papel de la Educación, el Ejército y la Iglesia.
El Estado Liberal asentó un nuevo sistema de poder, es decir, un conjunto de instituciones capaces de imponer a la sociedad las decisiones adoptadas por quienes gobiernan. Quisieron salvaguardar el orden social y la propiedad, ganar la confianza de los ciudadanos a través de su formación y legitimar el nuevo régimen.
El principio del orden público y la seguridad ciudadana se apoya en la creación de un nuevo cuerpo armado: la Guardia Civil (1844). Sus objetivos eran mantener el orden y proteger a las personas y sus propiedades.
Uno de los problemas más complejos que tuvo que resolver el Estado Liberal fue la definición de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Pero, su actitud cambió cuando los moderados otorgaron un papel destacado a la Iglesia en el control de la enseñanza. Se firmó así, con mayor facilidad, el Concordato con la Santa Sede en 1851: se conseguía que el Estado sufragara los gastos del clero y del culto, al tiempo que la Iglesia legitimaba el nuevo Estado Español.
El Plan Pidal y el Plan Moyano sirvieron para proporcionar un marco institucional al nuevo sistema educativo, entendido como servicio público y obligatorio hasta los nueve años; pero, la enseñanza secundaria y la superior, quedaban limitadas a las clases con recursos económicos, así como las mujeres quedaban limitadas en dichos estudios (modelos educativos diferentes).
El ejército constituyó uno de los pilares del régimen liberal, puesto que la situación de guerra contra los carlistas le confirió un notable peso político. El servicio militar fue también un medio para formar a los ciudadanos (disciplina, respeto…).
Los soldados eran movilizados por el sistema de quintas: grupos de chicos en cinco listas, la lista elegida sería tropa para ese año. Sin embargo, muchos se libraban pagando una cantidad al Estado.
4. Los límites del cambio. El carlismo y las opciones democráticas.
Poco después del fallecimiento de Fernando VII, estalló la Primera Guerra Carlista, siendo la primera guerra civil acaecida en España. Comenzó como un enfrentamiento dinástico entre isabelinos y carlistas, pero pronto se convirtió en una confrontación más profunda.
En la primera guerra carlista afloró una vez más la división entre liberales y absolutistas, siguiendo vigente todo el siglo. Los carlistas, también llamados en su época, tradicionalistas, realistas o apostólicos, contaron con el apoyo del clero y de la vieja aristocracia y, además, por el campesinado y los artesanos.
La primera Guerra Carlista tuvo especial incidencia en el País Vasco, Cataluña y Valencia, por dos motivos: estaban interesados en la defensa de sus Fueros y porque las reformas liberales habían afectado negativamente a los intereses de las explotaciones familiares.
Los partidos políticos se dividían en:
- Moderados--à Defendían la soberanía compartida, el mantenimiento del orden público como principio fundamental prosperar y el sufragio censitario.
- Progresistas--à Defendían la soberanía nacional, un sufragio electoral, la milicia nacional y la libertad de imprenta.
- Partido Demócrata--à Vienen de la escisión de los progresistas (eran el sector más radical). Defendían el sufragio universal, las desamortizaciones, la libertad de prensa y la intervención del Estado en la instrucción pública.
- Unión Liberal--à Dirigida por Leopoldo O’Donnell. Pretendían renovar el sistema político, pero, fueron bastante moderados en sus acciones.
5. La crisis del moderantismo y la experiencia del Sexenio Democrático.
La muerte de O’Donnell y Narváez hizo más evidente el agotamiento del modelo político moderado y facilitó la aparición de una nueva generación de políticos. En Ostende, progresistas y demócratas prepararon una coalición contra la monarquía moderada de Isabel II.
Tanto Isabel como la Corte estaban muy desprestigiadas. Pero, fue sobre todo la crisis financiera y de subsistencias la que acabó de crear el clima que llevó al final de la monarquía.
En Septiembre de 1868 se produjo un nuevo pronunciamiento, encabezado por Serrano, Prim y Dulce y Topete, que se extendió rápidamente. La reina se exilió a Francia. Esta revolución fue conocida como La Gloriosa, que fue un nuevo intento de la burguesía y de buena parte del pueblo por instaurar un sistema democrático.
El gobierno provisional de Serrano (que será nombrado regente) lo formaban unionistas y progresistas. Esta revolución reconoció los principios fundamentales de la democracia: libertad de culto y de enseñanza, sufragio universal masculino, abolición de la pena de muerte y la esclavitud, libertad de asociación. Todo esto quedó recogido en la Constitución de 1869, que suponía una monarquía constitucional y un sistema bicameral con división de poderes.
El problema de quién debía ocupar el trono retrasó el período de provisionalidad. El candidato idóneo fue Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II de Italia. Las Cortes le nombraron rey y juró la Constitución.
Prim fue asesinado, la división entre las fuerzas políticas hizo imposible mantener la estabilidad… En este contexto, republicanos, carlistas y borbónicos, ganaron adeptos. Así, en 1873, Amadeo I tuvo que abdicar, proclamándose en las Cortes la I República en España.
La Primera República intentó consolidar el sistema democrático iniciado en 1868; pero, las divisiones internas entre republicanos unitarios y federalistas, la guerra carlista, la de Cuba o el cantonalismo, provocaron su inestabilidad.
En unas elecciones de 1873, los federalistas con Pi y Margall a la cabeza, elaboraron una nueva Constitución que recogía la estructura federal del Estado, tras su victoria en las mismas. Pero, los intentos de establecer el federalismo fracasaron y el cantonalismo se extendió: Alcoy y Cartagena fueron los primeros cantones.
Las clases sociales más desfavorecidas aprovecharon el federalismo radical para conseguir reivindicaciones sociales a través de la vía revolucionaria.
El protagonismo de los militares encauzó el final del régimen hacia la restauración de la monarquía. Fue Manuel Pavía quien puso fin a la República con un golpe de Estado, que pondría a la cabeza del gobierno al general Serrano; pero, Martínez Campos se sublevó en Sagunto y Alfonso XII fue proclamado rey, puesto que Isabel II abdicó a favor de su hijo.
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