La constitución de 1978 resumen

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La constitución de 1978 resumen

La transición democrática y la obra de Adolfo Suárez.

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España y desde el primer momento demuestra su intención de buscar la reconciliación de los españoles y el respeto a los derechos humanos. El rey, que dispone de plenos poderes, lo primero que hace es conceder una amnistía parcial a presos políticos, que saca de la cárcel a cientos de personas. También nombra presidente de las Cortes franquistas a Torcuato Fernández Miranda, amigo personal y claro aperturista: un hombre al que ya se le ven intenciones de democratizar el país. No obstante, Carlos Arias Navarro sigue siendo presidente del gobierno.

Sin embargo, Arias Navarro no está por la labor democratizadora. Su programa de gobierno deja la dictadura prácticamente tal y como está, provocando gran decepción en la sociedad: así, en 1979 España se llena de huelgas y protestas multitudinarias; el orden público se deteriora cada vez más y la oposición se organiza. Al final, Carlos Arias dimite.

El rey tiene que elegir un nuevo presidente del gobierno: lo habitual es que le presenten tres candidatos y él elija uno. Fernández Miranda consigue que uno de ellos sea Adolfo Suárez, y es precisamente a él a quien elige el rey.

El gobierno de Suárez es una verdadera sorpresa para todos. El núcleo duro del franquismo está convencido de que Suárez es uno de ellos y de que nada va a cambiar. Sin embargo, el nuevo presidente anuncia su intención de instaurar una democracia, amnistiar a todos los presos políticos y convocar elecciones libres antes de 1977. Ha tenido la enorme habilidad de ir convenciendo a los franquistas, a veces incluso mediante argucias y engaños, de que en el fondo todo va a seguir igual, en España van a continuar mandando los de siempre aunque haya democracia. E incluso les ha prometido que, aunque se legalicen todos los partidos políticos, el PCE nunca será legalizado.

Gracias a esta habilidad, en 1976 Suárez consigue que las Cortes franquistas aprueben una ley que entierra la dictadura y abre España a la democracia: la Ley de Reforma Política. Después de esto, la ley es sometida a referéndum (15 diciembre 1976) y aprobada por una amplísima mayoría de españoles. España ya tiene democracia.

Una vez conseguido esto, Suárez empieza a negociar con los partidos de la oposición. Pero las cosas no son tan sencillas. El núcleo político del franquismo teme que todo esto esté llegando demasiado lejos: empieza a haber terrorismo tanto por parte de la ultraderecha como de la extrema izquierda (GRAPO, FRAP). En principio, todos los partidos salen de la clandestinidad excepto de PCE. Pero ¿Es posible una verdadera democracia sin este partido?

Discretamente, Suárez empieza también a negociar con Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Este último rompe con la URSS; renuncia a la revolución y a la dictadura del proletariado e incluso está dispuesto a aceptar la monarquía. Además, cuando al poco tiempo cinco abogados del PCE son asesinados por la ultraderecha, el partido hace gala de un comportamiento de gran elegancia: nada de contraataques violentos, nada de extremismos o represalias. El entierro de los abogados se lleva a cabo con total orden y tranquilidad. Entonces Suárez legaliza el PCE. Los franquistas jamás se lo perdonarán.

Las elecciones al Parlamento tienen lugar en abril de 1977 y a ellas concurren muchos partidos, debiéndose destacar la UCD de Suárez, Alianza Popular, formada por los antiguos franquistas y liderada por Fraga, el PSOE comandado por Felipe González y Alfonso Guerra, y el PCE, con Carrillo y la histórica Dolores Ibárruri, “Pasionaria” al frente. El plebiscito da la victoria a la UCD, quedando el PSOE en segundo lugar, y el PCE y AP a bastante distancia de los dos primeros. A partir de estas elecciones se forma una comisión de siete miembros encargada de elaborar una constitución, a la que nos referiremos en la siguiente pregunta.

Respecto a los gobiernos de la UCD, hay que decir que hubieron de hacer frente a la crisis de los años 70, que produjo en España un fuerte déficit, una enorme crisis de nuestra industria y un paro de cerca del 10 % de la población activa. Las regiones industriales españolas fueron precisamente las más afectadas.

Desgraciadamente, la UCD no fue capaz de mejorar o, al menos, paliar la situación pues estaba demasiado preocupada por los asuntos políticos (En desmantelar el aparato franquista y crear nuevas leyes) como para atender a lo económico. Además, los ministros de industria se equivocaron al convertir en públicas muchas empresas privadas que estaban casi en quiebra, ya que éstas acabaron siendo una carga para el Estado, y el déficit aumenyó aún más.

Finalmente, en 1977 los partidos parlamentarios y los sindicatos firmaron una serie de acuerdos para intentar solucionar la crisis: los Pactos de la Moncloa. Para reducir la inflación se controló el gasto público, se devaluó la peseta y se aumentaron los salarios según la inflación prevista. A la vez, se llevó a cabo una reforma de la Seguridad Social y una reforma tributaria, tomado por modelo la de los países más avanzados de Europa. A pesar de todo esto el gobierno de Suárez, que tan hábil e impecablemente realizó la transición, fue incapaz de paliar mínimamente la crisis.

Así, a partir de 1979 la UCD obtuvo resultados bastante malos en las elecciones municipales y autonómicas (sobre todo en Cataluña y el País vasco). Además, en el seno del partido había fuertes disensiones, ya que éste agrupaba a gentes muy diversas que iban desde la derecha tradicional hasta el centro-izquierda. En 1980 el PSOE presentó en las cortes una moción de censura, y eso desprestigió todavía más a la UCD. A todo esto se unía el terrorismo de ETA, el FRAP y los GRAPO, cada vez más intenso.

Finalmente, gran parte del ejército seguía siendo franquista, y los sectores más ultraderechistas nunca le perdonaron a Suárez que hubiera legalizado el PCE, ni que hubiera convertido España en un Estado de las Autonomías. Así, el 23 de febrero de 1981 el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero entraba en el Congreso de los Diputados y, durante horas, mantenía como rehenes a los diputados. A la vez, el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia y sacaba los tanques a la calle. Los militares habían aprovechado una situación idónea para dar el golpe de estado: pocos días antes Suárez, ante la fortísima crisis de su partido, había dimitido como jefe del gobierno. En su lugar quedaba el segundo del partido, Leopoldo Calvo Sotelo. Precisamente el día 23 de febrero Calvo Sotelo estaba siendo investido como presidente del gobierno cuando Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados.

Al cabo de varias horas, ya de madrugada, el rey apareció en televisión descalificando a los militares golpistas y dejando claro que iba a defender la democracia con su propia vida si fuera necesario. Esto hizo que el golpe de estado fracasara. No obstante, la amenaza de los militares aún tardaría algunos años en desvanecerse.

Calvo Sotelo estuvo gobernando España tan sólo unos meses. Finalmente, en agosto de 1982 se disolvieron las cortes y se convocaron elecciones generales.

La dinámica política: partidos y elecciones.

Durante los primeros años de la Transición, la dinámica política vino marcada por la existencia de muchos partidos, de distinta ideología y dimensión. Entre las formaciones con mayor éxito electoral debemos destacar la UCD de Suárez, el PSOE de Felipe González, el PCE de Santiago Carrillo, y Alianza Popular, partido de derecha democrática fundado por el ministro franquista Manuel Fraga. Debemos también nombrar los partidos nacionalistas: el PNV en el País Vasco, y en Cataluña Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica (luego CIU). Pero había también otros partidos menores, a derecha e izquierda, que acabaron fusionándose con algunos de los partidos grandes. Incluso existía una extrema derecha, que reivindicaba la vuelta al franquismo, con partidos como Fuerza Nueva o Falange; y una extrema izquierda con formaciones de signo marxista o libertario como ORT, el Partido Comunista Marxista Leninista, etc. No obstante, la ley electoral (Ley D’Ondth) favorece a los partidos grandes, lo que hizo que poco a poco las pequeñas formaciones fueran desapareciendo del juego político, y que se llegara a una situación cercana al bipartidismo. Por lo demás, en nuestra actual democracia el proceso electoral ha gozado de toda normalidad tanto en elecciones generales, autonómicas o municipales, si bien la participación electoral bajó relativamente durante la década de los noventa.

Las primeras elecciones, en una democracia ya normalizada, tuvieron lugar en 1979 y dieron la victoria a la UCD, aunque con un escaso margen con respecto al PSOE (de hecho, poco después, en las elecciones municipales, ganaron los partidos de izquierda). El gobierno de Suárez emprendió una política de reformas para salir de la crisis, que llevó al presidente a la firma de los Pactos de la Moncloa (entre patronal y sindicatos). Sin embargo, no consiguió que su partido estuviera bien cohesionado por dentro. Así, en 1980 la UCD estaba muy debilitada; Suárez tenía enemigos por todas partes, que le acusaban de ser excesivamente autoritario. Además, dentro del partido había gente de ideología demasiado distinta, desde personas muy conservadoras hasta auténticos socialdemócratas.

La crisis del partido llegó a su punto más alto cuando Suárez dimitió en 1981, tal vez sospechando la posibilidad de un golpe de estado militar. Parece incluso que los distintos partidos políticos estaban “conspirando” contra Suárez y que mantenían conversaciones para formar un nuevo gobierno de concentración (es decir, con políticos de varios partidos) con un militar al frente (¿Quizá una especie de “dictablanda”?).

El 23 de febrero tuvo lugar uno de los intentos de golpe de estado más duros de nuestra historia. No debemos olvidar que nuestra democracia, joven e inexperta, tuvo grandes enemigos en estos primeros tiempos (el terrorismo de ultraderecha, de extrema izquierda y de ETA, parte del ejército seguía siendo franquista). Unos 200 guardias civiles entraron en el Congreso bajo el mando del coronel Antonio Tejero justo cuando Leopoldo Calvo Sotelo estaba siendo investido presidente del gobierno.

Afortunadamente, el golpe fracasó gracias a la oposición del rey y porque los objetivos de los militares golpistas eran muy confusos: así, Tejero quería acabar con la democracia sin más, mientras que el general Armada sólo pretendía un “golpe de timón”, una especie de estado de excepción o como mucho un “golpe de estado blando” al estilo de los de la época de María Cristina o de Isabel II.

Las elecciones de 1982 dieron una aplastante victoria al PSOE, hundieron a la UCD y al PCE, y proporcionaron un fuerte ascenso a Alianza Popular. Felipe González fue presidente del gobierno durante 14 años, en los que hizo reformas más profundas que las de la UCD: su partido estaba más unido que este último y también tenía mayor tradición política. El PSOE trató de superar definitivamente la herencia del franquismo y realizó reformas en todos los ámbitos: económicas, laborales, sociales, de la justicia, educación, orden público, ejército, autonomías, ingreso en la CE y en la OTAN (no obstante, no todas estas reformas se cumplieron por igual). En cierto sentido, estas reformas convirtieron España en un “estado del bienestar”.

A pesar de todos estos éxitos, a finales de los años 80 el partido estaba “quemado”. Los sindicatos acusaban a Felipe González de ser poco izquierdista, de haber logrado los votos de la burguesía conservadora renunciando a sus principios socialdemócratas. Por primera vez en mucho tiempo un gobierno de izquierdas tenía que enfrentarse a una huelga general.

Sin embargo, en1989 el PSOE volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta. Cuatro años después las ganó también, pero perdió la mayoría absoluta y quedó muy cerca del PP. Parecía que las izquierdas ya no estaban tan entusiasmadas con Felipe González. Fue en esta última legislatura cuando el PSOE empezó a naufragar, acosado por sonados escándalos de corrupción (Juan Guerra, Mariano Rubio, Luís Roldán y sobre todo el GAL) a la vez que dentro del partido empezaban a verse los primeros desencuentros entre Felipe González y Alfonso Guerra, en número dos de la formación. Entretanto, una nueva crisis volvía a causar serios problemas y altísimas tasas de paro. En 1994 hubo que convocar elecciones anticipadas. Y el PSOE las perdió. Ahora el PP gobernaría España durante varios años.

La incorporación española a los organismos internacionales: OTAN y Unión Europea.

Con el fin del Franquismo se abría para España la posibilidad de integrarse en estos dos organismos internacionales. A este respecto, hay que decir que todos los partidos estaban de acuerdo con que España entrara en la CEE; pero no sucedía lo mismo con la Integración en la OTAN.

La entrada en la CEE fue sin duda el mayor éxito del gobierno socialista de Felipe González, así como uno de los hitos de la reciente historia de España. Sin embargo, a la hora de decidir si España entraba o no en la OTAN el país se hallaba mucho más dividido. Buena parte del país no deseaba tener nada que ver con alianzas militares, y menos en plena guerra fría; la entrada en la OTAN podía suponer la presencia en España de más fuerzas militares norteamericanas y de armas nucleares. Toda la izquierda y el PSOE en los primeros tiempos pensaba de esta manera. En 1981 el gobierno de Calvo Sotelo, ya en crisis, pidió al Parlamento autorización para que España ingresara en la OTAN y, después de un fuerte debate, éste permitió dicha entrada, aún a pesar de que el 43% de la población española estaba en contra de ella. Entonces Felipe González prometió que, si llegaba a gobernar, convocaría un referéndum donde los españoles pudieran decidir directamente si querían o no permanecer en la OTAN.

Poco después los socialistas ganaron las elecciones y tuvieron que cumplir su promesa. Pero en estos tiempos Felipe González había ido cambiando de parecer y ahora prefería permanecer en la alianza militar. La convocatoria del referéndum se mantuvo, pero los socialistas ahora defendieron la permanencia. Los españoles votaron por fin y el “sí” a la OTAN ganó por un holgado margen. Eso venía a demostrar que gran parte del electorado estaba con Felipe González.

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La constitución de 1978 resumen

La Constitución de 1978.

Una Constitución es una Ley fundamental, superior, que fija la organización política de un Estado, la distribución territorial del poder, y los derechos y deberes básicos de los ciudadanos y sus gobernantes. Todas las normas o leyes posteriores deben estar de acuerdo con la Constitución, para lo que se crea un Tribunal Constitucional que se encarga de que esto sea así.

Los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 configuraron un Parlamento en el que predominaban dos grandes partidos, UCD y PSOE (o PSOE-PSC), a los que se añadían otras importantes formaciones: Alianza Popular (AP), el Partido Comunista (PCE-PSUC) y las Minorías Vasca (PNV) y Catalana (Pacte Democrátic).

Aunque antes de las elecciones no se había proclamado explícitamente el carácter constituyente de las futuras Cortes, estaba en el ánimo de todos que el futuro Parlamento asumiría como tarea fundamental la elaboración de una Constitución.

En la sesión de apertura el Rey Juan Carlos pronunció un discurso en el que, partiendo del reconocimiento de que allí estaba representada la soberanía nacional, hizo un llamamiento a la colaboración de todos para lograr la convivencia de los españoles en democracia. El monarca se refirió de manera específica a la elaboración de una Constitución en la que se concretara el proceso de la autonomía de las regiones y que tuviera un mayor grado de justicia para el mantenimiento de los principios básicos de la dignidad del hombre. En líneas generales, los parlamentarios recibieron muy bien el discurso del rey, aunque todavía en esos momentos el Partido Socialista se mostraba reticente con respecto al régimen monárquico. Una muestra de ello fue que Alfonso Guerra no aplaudió al final del discurso del monarca.

Por ello a nadie sorprendió que el día 25 de julio de 1977 el Pleno del Congreso ya aprobara la creación de una Comisión Constitucional encargada de la redacción de un proyecto constitucional. Comenzaba en este instante un proceso constituyente que iba a resultar muy largo (17 meses) y que se iba a caracterizar por la utilización de la fórmula del consenso. Tanto la derecha, representada por Alianza Popular, como el Partido Comunista tuvieron un papel menor en la redacción de la Constitución, pero desde el primer momento dejaron bien claro que no aceptarían que fuera redactada sólo por la UCD y el PSOE. Por otro lado, los catalanistas jugaron un papel fundamental como mediadores entre unas opciones y otras y, sobre todo, con sus reivindicaciones acerca de la organización territorial del Estado. Por el contrario, los nacionalistas vascos hicieron solamente unas reivindicaciones de soberanía que resultaban inaceptables.

Para el proceso de elaboración de la Constitución se nombró una ponencia que estaba formada por siete personas. Tres de ellas pertenecían a la UCD (José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros), una al PSOE (Gregorio Peces-Barba), al haber cedido un puesto a los catalanes (que incluyeron a Miquel Roca Junyent). También había un representante de AP (Manuel Fraga Iribarne) y otro por el PCE (Jordi Solé Tura). Únicamente los socialistas y Manuel Fraga ofrecieron versiones completas de lo que sería su Constitución ideal.

Finalmente en la Comisión Mixta Congreso-Senado el 31 de octubre de 1978 los Plenos de las dos cámaras aprobaron definitivamente el texto, de acuerdo con lo que se estipulaba en la Ley de Reforma Política. Una vez aprobado por las Cortes el proyecto de Constitución fue sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978.

El 27 de diciembre de 1978 el Rey Don Juan Carlos sancionó la Constitución ante el Senado y el Congreso reunidos solemnemente en sesión conjunta y entró en vigor el 29 de diciembre al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Como ya hemos mencionado una de las características más importantes de nuestra Constitución es ser consensuada, es decir, nació de un pacto político, de un acuerdo entre los diversos grupos políticos. Es la primera Constitución española que no es impuesta por un grupo político concreto que en ese momento tuviera la mayoría parlamentaria. Sus mayores innovaciones se refieren a cuestiones como el Defensor del Pueblo o la protección por el Tribunal Constitucional de los derechos individuales y las libertades públicas.

La Constitución se organiza en diez Títulos más uno Preliminar, con un total de 169 artículos, además de disposiciones adicionales y transitorias.

Los aspectos más importantes del texto constitucional son los siguientes:

a-Un Preámbulo donde se expone la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática y se refleja el interés de consolidar el Estado de Derecho, proteger el ejercicio de los derechos humanos, promover el progreso económico y cultural y colaborar en el fortalecimiento de la paz y la solidaridad entre los diferentes pueblos de la Tierra.

Una parte dogmática o de obligado cumplimiento que se refleja en los Títulos Preliminar y Primero.
En el Título Preliminar, se enuncian los principios básicos de nuestra Convivencia: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por un lado, la soberanía es ejercida por el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Además, España se constituye en un estado social y democrático de Derecho con la Monarquía parlamentaria como forma de Estado.

1- Se define la organización política de España como “Estado social y democrático de Derecho. Social, por el predominio de los intereses de la sociedad sobre los de grupo. Democrático, porque debe prevalecer la decisión del pueblo, que participa mediante las elecciones o sufragio. Y esa democracia debe situarse en el marco del Derecho, es decir reconociendo los derechos de todos

2-La forma del Estado español como Monarquía parlamentariasupone una decisión a favor de la Monarquía, pero el poder no reside en el Rey (que será el símbolo de la Nación), sino en el Parlamento o Cortes Generales, de las que se derivan el gobierno y las demás instituciones.

Por otro lado se consagra la unidad de España y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el territorio español, así como la solidaridad entre ellas. En ese sentido, se respeta la existencia de lenguas oficiales junto al castellano en aquellas comunidades con lengua propia. También recoge el principio de legalidad: todo acto de los poderes públicos debe ser conforme a Ley. Velan por esta legalidad los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional.

En el Título Primero, se recogen los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos, así como la regulación de su ejercicio y la eventual supresión de las garantías constitucionales.

La parte orgánica o de funcionamiento que se desarrolla en los Títulos II al X, incluye los siguientes aspectos:
La Corona y sus funciones.
Las Cortes Generales: el Congreso y el Senado. Ambas cámaras renuevan sus miembros por sufragio universal cada cuatro años como máximo, pudiéndose celebrar elecciones legislativas anticipadas según los términos previstos por la Ley.
El Gobierno: sus funciones y organización. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce el poder ejecutivo y está formado por el Presidente, uno o varios Vicepresidentes y los diferentes Ministros. El Presidente del Gobierno es elegido por las Cortes por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple en sucesivas votaciones. El Gobierno tiene como órgano de consulta al Consejo de Estado. El Congreso de los Diputados elige al Presidente, a propuesta del Rey, y el Presidente elige a sus ministros. Dicta las leyes que las Cortes le permiten y propone otras para la aprobación de las Cortes, como por ejemplo los Presupuestos Generales del Estado.
Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Se regulan términos jurídicos como la “cuestión de confianza” o la “moción de censura”, así como los estados de excepción, de alarma y de sitio. Se establece el predominio del poder legislativo sobre el ejecutivo.
El poder judicial, sus funciones y organización. Se consagra la Independencia del poder judicial, la justicia gratuita y la igualdad ante la Ley de todos los españoles.
La Economía y la Hacienda.
La organización territorial del Estado. Se reconoce el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Del mismo modo se regulan las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Unos artículos o disposiciones finales, Título X. Cualquier reforma de la Constitución deberá ser aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español en referéndum.

Derechos individuales:

Derecho a la vida, que se completa con el derecho a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad personales, al honor, a la intimidad personal y familiar (y, sobre todo, la inviolabilidad del domicilio y el secreto en la correspondencia y otro tipo de comunicaciones (telefónicas, telegráficas, etc.). También tienen el derecho a fijar su residencia, su domicilio, en cualquier parte del territorio nacional, así como la libertad de circular libremente. La libertad de enseñanza, libertad de pensamiento, la libertad religiosa. Además el Estado no posee ninguna creencia o religión oficial (Estado aconfesional).

Las libertades colectivas. Se proclaman los derechos de reunión, asociación, de sindicación y huelga, derecho de negociación colectiva laboral, etc.

Los deberes del ciudadano.

La Constitución establece tres deberes fundamentales: el deber de defender a España, el deber de trabajar y al derecho al trabajo, a la negociación colectiva y la obligación de pagar impuestos, que contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo.

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